14 septiembre 2010

LOS LIBERADOS SINDICALES

Vuelve a la escena pública madrileña el tema de los liberados sindicales. Esperanza Aguirre anuncia su intención de reducir en 2000 su número en la función pública de la Comunidad de Madrid, lo que supondrá un ahorro de varios millones de euros a las arcas públicas.
¿Qué es un "liberado sindical"? Un liberado sindical es una persona que trabaja en exclusiva para un sindicato y que continúa percibiendo su sueldo de la administración. Esto es posible con el agrupamiento de las horas de que disponen los representantes de los trabajadores para ejercer su función. Es más práctico concentrar en un único representante las horas de varios delegados sindicales ya que esto permite una mayor especialización y una mayor dedicación a la tarea sindical.
Queden claras, por lo tanto, al menos dos ideas:
- los liberados no son una gracia otorgada por Esperanza Aguirre a los sindicatos, sino que responden a la descarga horaria que las leyes que regulan la actividad sindical han fijado;
- los liberados no se encuentran solamente en las filas de UGT y CC OO, ya que cualquier organización que represente a los trabajadores y haya obtenido su respaldo en las elecciones sindicales tiene derecho a ellos.
No merece la pena, por otro lado, prestar atención a la justificación de la medida. Se insiste en la idea de que los liberados sindicales son una serie de vagos que se dedican a exprimir al erario público sin dar palo al agua. Seguramente tendrá razón doña Esperanza Aguirre y existan liberados sindicales que se ajusten a ese patrón: no es ese el caso que yo he conocido. Bien al contrario es el esfuerzo invertido en la acción sindical el que desanima a muchos de los compañeros y compañeras que en algún momento han colaborado con estas organizaciones.
¿Qué pretende Esperanza Aguirre con esta medida? La respuesta es clara: desmantelar el tejido sindical y con él eliminar uno de los escasos focos de resistencia a la política privatizadora de corte ultra-liberal que lleva años intentando imponer en Madrid. Todo ello, claro está, a costa de los derechos que la propia Constitución otorga a los trabajadores y a las trabajadoras, incluidos los que desarrollan su labor en la función pública de la Comunidad de Madrid.

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